El comité de empresa de Segur Ibérica en Catalunya anuncia acciones penales

   Las constantes denuncias que los distintos sindicatos miembros del Comité de Empresa han venido realizando contra Segur Ibérica, por reiterados incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, obliga al Comité de Empresa de Segur Ibérica a solicitar una investigación penal.

   A continuación, se muestra el Acta de la Reunión Extraordinaria del Comité de Empresa de Segur Ibérica del 29/07/2014.

CCOO y UGT se llevan 4 millones de las gestoras de pensiones de BBVA-Telefónica Leer más: CCOO y UGT se llevan 4 millones de las gestoras de pensiones de BBVA-Telefónica

   Paradojas de la vida, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT figuran entre los grandes beneficiados de la reforma de las pensiones públicas y del creciente negocio que se abre para las privadas. Todo ello porque los dos sindicatos son accionistas de referencia de las gestoras de pensiones de BBVA y de Telefónica, líderes del mercado en España.
   Como todo accionista de una compañía, los sindicatos son regados cada año con un jugoso dividendo, pago que, además, es más elevado cuanto mejor vaya el negocio de las pensiones privadas; y éste irá mejor, se prevé, conforme vayan mermando las públicas, por la creciente necesidad que van a tener los ciudadanos de compensar los menguantes ingresos procedentes de la Seguridad Social con ahorro privado. Justo lo que tanta veces ellos mismos han criticado.
   Sólo en 2013, las pensiones privadas gestionadas por BBVA y Telefónica les han reportado a los sindicatos un agradable pellizco de 4 millones de euros a repartir entre los dos. Esta cifra procede, por una parte, de los 5,89 millones de euros en dividendos que repartió la gestora de BBVA, de los cuales un 40% corresponde a los sindicatos, es decir, 2,34 millones de euros. Por el lado de Fonditel, la gestora de Telefónica, la remuneración ascendió a 5,11 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 46% frente a los 3,5 millones de un año antes, según datos del Registro Mercantil.
   A los sindicatos les corresponde el 30% del dividendo de Fonditel, ya que cada uno de ellos posee un 15% de la gestora, lo que supone que por las ganancias de 2013 ingresaron entre los dos 1,6 millones  de euros. Más allá del beneficio que obtienen los sindicatos con el creciente negocio de las pensiones privadas -en el caso de BBVA, en 2013, el incremento de dividendo ha sido del 30%-, está la pregunta de por qué son accionistas de dos de las gestoras de pensiones privadas más importantes del país, unos accionariados donde sólo han tenido cabida ellos, ya que el capital que no está en sus manos corresponde en exclusiva al banco y a la operadora.
   En ambos casos, esta posición se remonta a cuando Telefónica y Argentaria (la A al final de BBV) eran entes públicos que, al privatizarse, dieron entrada a los sindicatos en su capital. Desde entonces, hace la friolera de dos décadas, los sindicatos han mantenido su posición accionarial, a pesar de que las gestoras de pensiones, por normativa, tienen que ir realizando ampliaciones conforme aumenta su patrimonio, lo que, en principio, debería obligar a los accionistas a acudir a las ampliaciones para no diluirse.
   Este medio ha intentado contrastar tanto con los sindicatos como con las compañías si CCOO y UGT han tenido que realizar algún tipo de desembolso para mantener sus porcentajes de participación, pero ninguna de las partes ha dado una respuesta.

Líderes del sector

   Ser socios de BBVA y Telefónica en planes de pensiones convierte a UGT y CCOO en actores protagonista del sector, ya que según datos de la patronal Inverco, las dos entidades figuran en el top ten nacional. El banco lidera el ránking con 19.400 millones de patrimonio, no obstante, esta cifra procede de sus tres gestoras: BBVA Pensiones, Unnim Vida y Gestión de Previsión y Pensiones, la entidad especializada en planes para colectivos, donde están presentes los sindicatos.
Pero, aunque se cojan sólo las cifras deglosadas, y no las consolidadas por grupo, Gestión de Previsión y Pensiones lidera el ránking nacional por número de planes y logra la medalla de bronce por patrimonio (6.900 millones), sólo por detrás de las cifras que mueven BBVA Pensiones y VidaCaixa.
   Las cifras de Fonditel, 46 planes y 3.613 millones de patrimonio, convierten a la gestora de Telefónica en la novena más importante del país y en el único outsider de todo el top ten, claramente dominado por entidades financieras, ya sean bancos, sociedades ligadas a las antiguas cajas o aseguradoras.

El negocio de los sindicatos con fondos y seguros

   Tanto en el consejo de Fonditel como en el de Gestión de Previsión, los representantes de los sindicatos son Antonio Retamino, por parte de UGT, y Carlos Bravo Fernández, en representación de CCOO. Los dos administradores están también presentes en las sociedades Protección Social Complementaria de los Trabajadores, SL; y en Consultora de Pensiones y Previsión Social, empresa actuarial que, como tal, ciñe su actividad a asesorar a planes de pensiones para que los números salgan.
   Los lazos de UGT con el sector de fondos y seguros privados ha ido siempre un paso más allá con su participación en Atlantis Vida, entidad de la que el sindicatos es accionista directo, además de tener también una participación del 20% en su filial Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría Actuarial.
   Hace algo más de dos años, en diciembre de 2012, justo en medio de las reformas de pensiones que llevaron a cabo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, cuando España estaba al borde del rescate, UGT decidió sumarse a este negocio y adquirió también una participación del 20% en Atlantis Correduría de Seguros, previo desembolso de 120.000 euros.
En el sector denuncian que este entramado de empresas sirve a los sindicatos para hacerse con trabajos de consultoría y asesoría en muchos casos innecesarios, porque todas las grandes gestoras cuentan ya con este tipo de áreas dentro de sus casas. Este medio ha intentado en reiteradas ocasiones una explicación por parte de los representantes de los trabajadores, pero no ha habido respuesta.
   Quien controla en última instancia a Atlantis, y que es su accionista mayoritario, es la firma francesa Mutuelle Assurance, que vio como su filial cerró el ejercicio 2012, último con cuentas depositadas en el registro, con unas pérdidas de 161.270 euros. Fue esta entidad gala la que vendió a UGT un 20% de Atlantis en diciembre de aquel año.

FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM

Metro de Madrid sigue con su política de recortes en seguridad

  
   Hace no más de tres o cuatro años, Metro de Madrid contaba con unos de los mejores planes de seguridad entre los suburbanos de todas las ciudades del mundo. Se podía contar con más de 2000 vigilantes de seguridad velando por el bienestar de los viajeros y los trabajadores del subsuelo, sin contar el apoyo que se ofrecía muchas veces al exterior, estaciones de autobuses y ferrocarril.
   Antes, en "todas" las estaciones de Metro, había como mínimo un vigilante de seguridad, en otras estaciones había dos ó más, se suplementaban con patrullas de dos miembros, otras de tres y algunas hasta de seis, que seguían un gráfico y una frecuencia de presencia establecida en unas determinadas zonas. Los apoyaban también vigilantes con perros (dos por línea), a su vez había Inspectores de cada empresa seguridad que se encargaban de la supervisión y de la inspección a los vigilantes (tres por línea). En los eventos como partidos de fútbol, conciertos, manifestaciones, inauguraciones, en navidad, se reforzaban las instalaciones con más personal de seguridad.
   Además, se contaba con mucha formación específica y reciclaje para los vigilantes en el servicio de Metro. Había reuniones semanales de seguridad entre los mandos intermedios de las empresas de seguridad, también reuniones mensuales entre Metro y las empresas de seguridad para coordinar y poder hacer frente a los problemas surgidos y a los que surgirán, existían infinidad de operativas y memorandos hacía el personal de seguridad, etc...
   De todo esto, nada queda, se ha quedado en el olvido, parece como si nunca les hubiera importado nada la seguridad de los viajeros y los trabajadores.
   Con la política de recortes de Metro de Madrid y la bajada de pantalones de las empresas de seguridad actuales, esto se está convirtiendo en un solar de seguridad, estaciones, escaleras y pasillos vacios e inseguros con un vigilante cada tres o cuatro estaciones, y unas patrullas de dos vigilantes con un tiempo de respuesta de no más de 15 minutos, con una media de frecuencia de trenes de 7 minutos.
   Todo esto lo intentan compensar haciendo que los vigilantes se muevan mucho, que fichen cada 20 minutos en diferentes puntos de las estaciones, para dar la sensación de una elevada seguridad.
   Ya no hay caneros, ni grupos de tres ni de seis, no hay refuerzos, no hay cursos específicos, no hay casi inspectores controlando al personal, sólo les importa que se fiche bien, los mandos intermedios ahora solamente controlan un programa que les proporciona Metro sobre puntos de fichaje, no importa nada más, si te retrasas un minuto en un fichaje enseguida te llaman para que les des un motivo, no hay operativas lógicas, sólo quieren presencia, presencia y más presencia.
   Estamos hablando de que se ha producido una reducción de más de un 40% de la seguridad en este medio de transporte, además de pagar mucho menos que hace pocos años, siendo Metro de Madrid cómplice a su vez de los continuos abusos de las empresas de seguridad hacia sus trabajadores, recortándoles sus derechos, menguándoles y/o suprimiéndoles sus pluses adquiridos y amenazándoles de engordar las listas de la empresa más grande del país.
   A Metro de Madrid le viene bien que haya entrado cuatro empresas de seguridad Low Cost para hacer “limpia”, “rejuvenecer” y “abaratar” la plantilla, quitándose de en medio los vigilantes más caros, más antiguos, así cuando se subasten los próximos contratos de seguridad, las empresas fuertes que huyeron a la espantada vuelvan aquí, Metro pagará menos y estas empresas volverán a tener el margen de beneficios de antes o más.


   Mientras tanto, han buscado nuevas funciones para el vigilante de Metro,
nos ha llegado al Sindicato Nacional de Trabajadores una especie de manual de Segur Ibérica, un curso curso acelerado de atención y venta de billetes a los viajeros. Véase aquí.

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PLUSES-METRO

La CNMC pide al Gobierno que no incluya en el contrato de seguridad privada la subrogación del personal

   La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide al Gobierno que no incluya en el contrato centralizado de servicios de seguridad integral para varios edificios públicos la obligación de subrogar al actual personal que presta este servicio o que, al menos, se "interprete restrictivamente" esta obligación por cuanto limita la posibilidad de competencia.
   Así se recoge en el 'Informe sobre los pliegos del contrato centralizado de servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado y sus organismos' que este jueves ha publicado el 'superregulador' y que recoge Europa Press.
   El contrato al que se refiere el documento fue licitado por el Ministerio de Hacienda el pasado 18 de julio para cubrir los servicios de vigilancia y protección de bienes, el mantenimiento de equipos e instalaciones de seguridad y los servicios auxiliares de control (conserjería y portería) de una veintena de edificios de la capital, entre ellos los ministerios de Agricultura, Educación o Hacienda; la Confederación Hidrográfica del Tajo o la Delegación del Gobierno en Madrid.
   La licitación está dividida en cuatro lotes valorados en 30,4 millones --van de los 14,27 millones el más grande a 965.900 euros el más pequeño-- por un periodo de 22 meses prorrogables por el mismo tiempo, lo que eleva el presupuesto a un máximo de 55 millones. Con ello se ahorrarán unos 4 millones de euros.
   Los servicios se irán incorporando desde el 1 de diciembre de 2014 hasta julio de 2015 en función de la finalización de los 22 contratos en vigor actualmente. En todo caso, la finalización es fija para todo el contrato y está fijada el 30 de septiembre de 2016.

VALORACIÓN POSITIVA GENERAL

   Así, la CNMC hace una valoración positiva general de la unificación del contrato en aras a conseguir una "mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos", y agradece también que se le hayan remitido los pliegos para su estudio. No obstante, recomienda que la próxima vez la consulta se haga antes de publicar el concurso.
   No obstante, advierte de que existen algunos problemas desde el punto de vista de la competencia, como la obligación de subrogar al personal que actualmente presta el servicio. La Comisión subraya que "se corre el riesgo de perder gran parte de la posibilidad de competencia en la licitación" ya que la plantilla constituye un "input fundamental" en el precio que se puede ofrecer.
   Es decir, que muchas pequeñas empresas no podrían asumir el coste de incorporar una "estructura organizativa alternativa" a la propia, lo que podría disuadir a algunos posibles licitantes de concurrir. Además, se trata de un criterio con "excesivo peso" en la valoración pese a ser "escasamente relevante para la ejecución de la prestación" e "imponer costes adicionales".
   "Por esos motivos, se recomienda que la exigencia de subrogación debiera, si no eliminarse, cuanto menos interpretarse restrictivamente por parte de los órganos de contratación", concluye el organismo que preside José María Marín Quemada.
   En otro punto del informe se reclama "una mayor justificación" a la inclusión, entre las condiciones de solvencia, de la exigencia de un número de trabajadores con formación profesional concreta, ya que "además de introducir una posible barrera de entrada a la prestación del servicio se impone una limitación a la libertad de organización de recursos del adjudicatario".
   "El hecho de exigirse en todos y cada uno de los lotes estos requisitos de personal puede ser especialmente restrictivo, en la medida en que para un licitador que pudiese obtener más de un lote podrían generarse sinergias que permitiesen ganancias en eficiencia. Cabe pensar que, salvo justificación expresa en contra, pudiera compartirse personal entre lotes adjudicados a un mismo licitador dada la escasa dispersión geográfica", añade la CNMC.

LIMITAR EL RIESGO

   La Comisión también recomienda eliminar la cláusula que prevé una indemnización equivalente al 3% de los servicios contratados si se produce una reducción del servicio superior al 10% del importe de la adjudicación. "No se considera adecuado restringir el principio de riesgo y ventura que debe asumir el contratista, sin que quepa aventurar además beneficio alguno para los usuarios del servicio", señala.
   Con respecto a los plazos de duración del contrato, pese a comprender la necesidad de tiempos largos ante un servicio complejo como la seguridad integral, la CNMC recomienda que el derecho a prórroga se interprete "de forma restrictiva, examinando su necesidad, proporcionalidad y mínima restricción" dado que supone "el cierre absoluto del mercado durante su vigencia".
   Además, cree que esta figura no debería justificarse alegando que incentiva a los posibles licitadores, ya que ese mismo objetivo "podría conseguirse por otras vías menos restrictivas para la competencia".

VALORACIÓN DE LOS CONTRATOS

   La CNMC se centra por último en los criterios de aceptación de ofertas y en el procedimiento de valoración. Así, cree que deberían reducirse las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y profesional o técnica para presentarse a cualquiera de los lotes, y no sólo al de menor cuantía, de modo que se favorezca la concurrencia.
   También opina que las exigencias económicas a las empresas aspirantes deberían ser acumulativas de diferentes años para no ser "excesivas o desproporcionadas" para las pymes, del mismo modo que no deberían incluirse criterios económicos --como los presupuestos o el volumen de negocio-- entre los requisitos de solvencia técnica.
   La CNMC cree que los licitadores de otros estados miembros de la UE deberían tener requisitos de solvencia "equiparables" a los exigidos a las empresas españolas, y también rechaza que se limite a dos los lotes por los que se pueden presentar ofertas, sugiriéndose la eliminación de este tope.
   Asimismo, cree que la exigencia de visitar los edificios puede suponer un problema para licitadores de fuera de Madrid, sugiriendo la posibilidad de mandar la información por vía telemática; y avisa de los "claros efectos anticompetitivos" de que la primera fase de la valoración sea eliminatoria, ya que "excluye a operadores sin haber podido valorar de forma completa su oferta".
   La Comisión advierte por último de que hay demasiados criterios sujetos a una "valoración subjetiva", lo que supone una "excesiva discrecionalidad"; y rechaza la inclusión del factor corrector de penalización para las bajas inferiores al 10% del precio, lo que "estimula la formalización de ofertas que incluyan bajas superiores a dicho porcentaje".
   "Sería recomendable que, dada la trascendencia del criterio precio, se realice una justificación de por qué, frente a otros posibles porcentajes, se ha considerado que el 10% ha de ser el umbral adecuado que justifique esta diferencia en la asignación de puntuación en las ofertas", concluye.

FUENTE: EUROPAPRESS

   "El único resquicio de estabilidad que nos queda en la seguridad privada nos lo quieren arrebatar los empresarios, al intentar quitarnos el requisito de la subrogación de personal cuando los clientes cambian de contratos de seguridad y vigilancia. Quieren personal con nada de gastos, antigüedad ni cargas. La gente que les sacó las castañas del fuego cuando nadie quería trabajar en este sector, la quieren echar a patadas para seguir teniendo muchos más beneficios económicos. Sería lamentable que la administración pública cediera a estas pretensiones. Si que abarataría los gastos en los contratos de seguridad, pero mandaría miles de personas al INEM".