30 diciembre, 2015

El 'capo' de la vigilancia logra un contrato con la Seguridad Social a la que debe 12 millones

Seguridad Integral Canaria se adjudica un contrato por valor de 300.000 euros para controlar los accesos y la seguridad de los edificios tinerfeños de la Tesorería General de la Seguridad Social


El presidente de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sabe nadar y guardar la ropa. Mientras afronta un proceso judicial que podría provocar el embargo de parte de sus bienes, a corto plazo, y penas mayores cuando haya sentencia, el mayor empresario de la seguridad privada de Canarias continúa haciendo negocio del modo más inverosímil.
Un informe de la Inspección de Trabajo presentado el pasado junio ante el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria estableció durante la instrucción que la mercantil de Ramírez acumula una deuda de 12 millones de euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Este obstáculo, sin embargo, no ha impedido que el presidente de Seguridad Integral Canaria logre que la mismísima Tesorería continúe siendo su cliente.
Ayer mismo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó que la empresa de Ramírez ha logrado un contrato con la Seguridad Social de 300.000 euros. En concreto, se trata del servicio de vigilancia y seguridad de los edficios de la Dirección Provincial de Tenerife de la Tesorería General de la Seguridad Social para el año 2016, concurso ganado por Seguridad Integral Canaria por presentar, según se publica en el propio BOE, la oferta económica más ventajosa.
En el proceso judicial que mantiene imputados tanto a Ramírez como al administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, y a la propia mercantil, el magistrado Salvador Alba Mesa -sustituto de la juez Victoria Rosell, que se presentó como cabeza de lista por Podemos- ha establecido una fianza de 35 millones de euros para cubrir la cantidad supuestamente defraudada por Ramírez, al que la Agencia Tributaria acusó de contabilizar dietas estratosféricas para maquillar conceptos salariales sujetos a retención y evadir de este modo el control del fisco.

29 diciembre, 2015

Modificación sustancial a los vigilantes de Metro OMBUDS

   Estimados Compañer@s como sabéis, hoy día 29 de Diciembre de 2015, la empresa Ombuds nos citó a las 12 horas para componer la mesa paritaria del expediente de traslado, en esta reunión se hizo entrega también de 13 expedientes de traslado de compañeros de Metro hacia exteriores y quedarían 13  según la empresa que entrarían en el expediente de traslado que se abrirá el 13 de Enero.
   Cada sindicato informará a los afiliados que estén afectados, los que por circunstancias no estén o lo estén vía cuota bancaria os remitirán la carta vía Burofax o en mano, nuestro consejo es (poner no conforme , hacer mención al sindicato que pertenecéis, fecha y firma).
   El día 13 de Enero se iniciará el periodo de consultas con entrega de documentación y el día 14 del mismo mes habrá otra reunión, os mantendremos informados de cada paso, si tenéis cualquier duda no dudéis en llamarnos para resolverla.
 




 

26 diciembre, 2015

Diputada defiende a los vigilantes de seguridad de Marsegur

Pleno de la Asamblea de Madrid 23/12/2015
   Aquí podemos ver como la diputada Isabel Serra, hace mención a la situación de los vigilantes de seguridad de los Centros de Menores, estos vigilantes de la empresa Marsegur (filial de Seguridad Integral Canaria), a los que se les bajó el sueldo de 1100€ a 700€, al no acogerse al Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad. Isabel Serra denuncia en este pleno la gran concesión de contratos públicos a esta empresa de Canarias, por parte de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, alcanzando la concesión de todos los contratos a base de rebajar un 33% el salario a sus trabajadores, sin que la Comunidad de Madrid se preocupe por las condiciones de los vigilantes de seguridad.
Gracias isabel por denunciar esta situación.


22 diciembre, 2015

El 'capo' de la seguridad canaria no pagaba horas extra a sus empleados por un pacto

Argumenta que había llegado a un acuerdo "tácito" con los trabajadores por el cual ellos se comprometían a alargar su jornada laboral en caso de que el servicio lo pidiera sin cobrar el exceso
El propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha acusado a Hacienda de presionar a sus trabajadores para que declaren contra él en el proceso judicial que investiga los supuestos delitos fiscales cometidos por el empresario entre 2008 y 2013.
En concreto, durante su última declaración como imputado ante el titular del Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba Mesa, Ramírez acusó a un inspector de la Agencia Tributaria de citar a varios trabajadores de su empresa para preguntarles si cobraban dietas de verdad o si en realidad se trata de horas extra encubiertas para no cotizarlas. Al negar los empleados que la sociedad utilizara ese truco, el inspector -según el imputado- volvió a citarles.
“¿Si yo declaro ante el inspector de Hacienda y digo que son dietas, qué autoridad tiene el inspector para citarme de nuevo y presionarme?, se pregunto Ramírez ante el juez el pasado 4 de diciembre. “O declaras que son dietas o te abro una inspección”, insinuó el presidente de Seguridad Integral Canaria en referencia a los términos en los que se producían las supuestas amenazas del inspector de Hacienda.

Ramírez advirtió al juez que estos trabajadores incluso han dejado por escrito esas presuntas amenazas sufridas en un acta notarial que el dirigente de la Unión Deportiva Las Palmas aseguró que incorporaría al juzgado. “Los trabajadores fueron al comité de empresa y el comité fue a un notario”, aseguró.
Tras declarar Ramírez, el juez acordó imponerle una fianza de 35 millones, tanto para el presidente de la compañía como para el actual administrador
Durante su declaración, sin embargo, el magistrado insistió en que había trabajadores que habían denunciado ante el Juzgado “bajo juramento” que usted “les pagaba como dietas lo que en realidad eran horas extraordinarias”, acusaciones a las que Ramírez solo pudo responder aludiendo a un supuesto “pacto tácito” que la empresa había hecho con los empleados por el que éstos se comprometían a no cobrar horas extra cuando por necesidades del servicio había que extender la jornada laboral, extremo que han negado ante el juez algunos de los trabajadores.
El instructor insistió varias veces durante la comparecencia de Ramírez en que no entendía por qué éste no aportaba pruebas que demostraran que pagaba las dietas como dietas y las horas extraordinarias como horas extraordinarias. Hasta ahora, “nadie me ha pedido que yo demuestre esto”, dijo el presidente de Seguridad Integral Canaria, cuya primera declaración se produjo hace meses ante la juez Victoria Rosell, anterior instructora de la causa y actual cabeza de lista por Podemos en Las Palmas.
“¿Pero usted qué problema tiene en presentar aquí las pruebas?”, le preguntó el juez Alba Mesa. “Señoría, que lo he presentado en Hacienda”, respondió Ramírez, que volvió a ser interpelado por el instructor, quien insistió en que entonces no habría problema en traer la documentación que avale que Seguridad Integral Canaria pagaba las horas extra como horas extra. “No sé si la tengo”, terminó admitiendo el propietario de la sociedad también imputada en la causa. “Me imagino que tengo que tener copia, señoría, porque todo lo que presento en Hacienda lo debo tener”, añadió.
Tras tomar declaración a Ramírez, el juez acordó imponerle una fianza de 35 millones de euros, tanto para el presidente de la compañía como para el actual administrador, Héctor de Armas, también imputado en la causa, que investiga el supuesto fraude fiscal -cifrado en 21 millones de euros- en el que ha incurrido la empresa entre 2008 y 2013. El juez Alba Mesa ha reactivado la investigación después de que su antecesora llevara meses con el proceso paralizado.
Los informes de la Agencia Tributaria han acusado a Seguridad Integral Canaria de falsear la realidad contable de la compañía por medio del cambio de conceptos económicos. En concreto, los inspectores de Hacienda han señalado a la mercantil por presentar como dietas conceptos salariales que están sujetos a retención, lo que habría provocado que la compañía eludiera el fisco. En su declaración en sede judicial, el inspector de la Agencia Tributaria calificó de "estratosféricas" las dietas que abona la empresa.

Solicitamos en Ombuds más documentación

El pasado día 16 de dicembre de 2015 solicitamos a la empresa Ombuds diferente documentación:
- Relación de Inspectores y la delegación de sus funciones
- Operativas de todos los servicios




15 diciembre, 2015

Fianza de 35 millones a Seguridad Integral Canaria

El propietario de la empresa y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, está acusado de haber defraudado más de 20 millones a Hacienda y la Seguridad Social.
 
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramínez, junto a sus abogados

 
El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha impuesto a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) una fianza de 35 millones para garantizar las posibles responsabilidades civiles del proceso por delitos de fraude fiscal que tiene abierto contra su propietario, Miguel Ángel Ramírez.
Dicha fianza se enmarca en el caso en el que se acusa a Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, de haber defraudado más de 20 millones a Hacienda y la Seguridad Social camuflando de forma sistemática el pago de horas extras a los empleados de SIC como si fueran dietas, que no tributan.
El juez ha aceptado, además, dos peticiones de la Fiscalía: ampliar la investigación a los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 (hasta ahora, el proceso se ceñía a 2008 y 2009) y abrir una pieza de responsabilidad civil, con la exigencia de fianzas.
Según la acción inicial del Ministerio Público, el empresario podría haber defraudado durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, "particularmente realizando pagos a sus trabajadores fuera de nómina, abonando las horas extraordinarias como dietas y conceptos asimilados, de modo que eludió practicar retenciones sobre gran parte de los salarios de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria".
De esta forma, la mercantil supuestamente reducía la carga fiscal de los sueldos pagados y también reducía significativamente el coste de las cargas sociales, "puesto que las dietas están exentas de cotización a la Seguridad Social". Todo ello, según el auto, "producía como consecuencia adicional, ante el ahorro en costes de personal, una clara ventaja competitiva respecto de las demás empresas del sector".
Según un informe del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria en Canarias, la actuación de Seguridad Integral Canaria es, "desde el punto de vista tributario, más ventajosa aún para el presunto defraudador que el pago de salarios en 'B', ya que no sólo se ahorra las retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social sino que además las cantidades pagadas son íntegramente deducibles del Impuesto de Sociedades".
En su comparecencia ante la Justicia llevada a cabo el pasado año, el empresario negó haber defraudado a Hacienda o a la Seguridad Social y acusó a USO de defender "intereses de la competencia" con la querella que le ha presentado por supuestas irregularidades en las nóminas de Seguridad Integral Canaria.

FUENTE: ELDIARIO.ES