21 marzo, 2016

Denunciamos a la Inspección de Trabajo la negativa de entrega de documentación de Ombuds





Concentración 31 de marzo de 9:00 a 13:00 en Las Palmas de Gran Canaria


LA INSPECCIÓN DE TRABAJO A LA CAZA DE LAS EMPRESAS CON MOTIVO DEL REGISTRO DE JORNADAS DE TRABAJO


   La Inspección de Trabajo se ha puesto en marcha, aprovechando la reciente Jurisprudencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y ha iniciado actuaciones contra las Empresas en materia de control horario.
   Las Empresas deben tener un registro diario de la jornada efectiva de sus trabajadores, a fin de poder comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, bien en función de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, bien en los acuerdos de Empresa, así como a fin de poder informar a la Representación Legal de los Trabajadores de las horas Extraordinarias realizadas, según lo previsto en el Art. 35.5 del ET.
   La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado recientemente dos Sentencias, la primera la Sentencia núm. 207/2015 de 4 de diciembre de 2015 y la segunda la Sentencia núm. 25/2016 de 19 de febrero del presente, que han dado un giro a la doctrina aplicada hasta la fecha en materia de control de jornada, lo que ha motivado las actuaciones de la Inspección de Trabajo, a fin de hacer cumplir a las Empresas esta nueva interpretación.
   El Art. 35.5 del ET establece que “a efectos de cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.
El nuevo criterio de la Audiencia Nacional argumenta que el registro diario de jornada, no debe ser únicamente exigible en los casos en que se realicen horas extras, sino que debe existir siempre, aun en el supuesto que no se realicen horas extraordinarias.
   Estos registros deben incluir las horas realizadas cada día por cada trabajador, entendiendo éste como el único medio para certificar si se supera la jornada máxima ordinaria o no.
   En el caso de trabajadores que prestan servicios fuera de las dependencias de la Empresa, la Audiencia Nacional concluye que con mayor motivo debe implementarse el registro de jornada, ya que de lo contrario sería imposible constatar el horario efectivamente realizado.
En el caso que ha dado lugar a la Sentencia del 19 de febrero, Inspección de Trabajo levantó Acta de Infracción contra la Empresa por incumplimiento en materia de tiempo de trabajo.
   En todo caso, las Empresas deberán adecuar su día a día a esta nueva obligación, a fin de evitar posibles sanciones Administrativas.

FUENTE: dm-consultants.com

15 marzo, 2016

Elecciones Parciales Marsegur 15 de marzo de 2016

El resultado de las elecciones parciales al comité de empresa de Marsegur en Madrid es el siguiente:

- STS: 1 miembro del comité
- SNT: 1 miembro del comité
- CCOO: 1 miembro del comité
- USO: 1 miembro del comité
- UGT: 0
- SLS: 0
- ALTERNATIVA SINDICAL: 0
- ATES: 0

Quedando así el comité de empresa actual de la siguiente manera:

- STS: 3 miembros del comité
- CCOO: 3 miembros del comité
- SNT: 1 miembro del comité
- UGT: 1 miembro del comité
- USO: 3 miembro del comité
-SIV: 1 miembro del comité

   Hemos sido el segundo sindicato más votado, contando con el hándicap de no contar con representación alguna en el actual comité, ni información suficiente, ni crédito sindical, etc.
   Gracias a todos los compañeros que habéis venido a votar y en especial a los que habéis depositado vuestra confianza en nosotros.
   Gracias a todos

                                                  Sindicato Nacional de Trabajadores


10 marzo, 2016

APROBADO que MARSEGUR se vaya de la Comunidad de Madrid

   Hoy día 10 de marzo, el Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, a iniciativa del Sindicato Nacional de Trabajadores, ha presentado un proyecto donde insta a que la Comunidad de Madrid incluya en los pliegos de contratación de seguridad privada criterios laborales que como mínimo cumplan el Convenio Estatal de Seguridad Privada y rescinda el contrato en el caso de dejar de hacerlo. El cumplimiento del Reglamento de Administraciones Públicas y, por tanto, la no contratación con empresas que tienen sentencia firme por defraudar a la Seguridad Social o a Hacienda.
  ¡¡ La iniciativa ha sido aprobada por mayoría!!

Isabel Serra (Podemos) y Federico Beamonte
Federico Beamonte Bellido (SNT)



09 marzo, 2016

Cifuentes encarga la seguridad de los juzgados a la firma de un exedil del PP

La vigilancia de 71 sedes judiciales de la Comunidad de Madrid recae por 9,4 millones de euros en una UTE integrada por Sasegur, compañía fundada por Jesús Capote, exconcejal popular de Urbanismo en Navalcarnero. El contrato se ha otorgado "con el precio como único criterio de adjudicación".

La presidenta Cristina Cifuentes y el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. - Foto CAM / VP

   Uno de los contratos que más polémica había levantado últimamente en la Comunidad de Madrid, el de la vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales de la región, ha terminado recayendo en una UTE (unión temporal de empresas) integrada por una firma vinculada a Jesús Capote Calvo, exedil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Navalcarnero (entregó el acta en el año 2000 tras diez meses como tránsfuga a raíz de un enfrentamiento con el alcalde). El que fuera concejal popular de Urbanismo en este municipio ha sido administrador único de Sasegur SL hasta 2013, fecha en que pasó a figurar como apoderado de la entidad, según consta en el Registro Mercantil. Al frente de la empresa, que se encuentra en el puesto 18º en el ranking eInforma del sector, le sustituye desde entonces su hijo Pedro Jesús Capote Conejos. 
   El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) explicó este martes en una nota que el contrato, otorgado por un importe total de 9,4 millones de euros, había sido concedido mediante "concurso público" y "con el precio como único criterio de adjudicación, ya que las prestaciones están perfectamente definidas desde un punto de vista técnico y no es posible introducir modificaciones de ninguna clase". La Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Ángel Garrido, señaló que el procedimiento seguido ha sido el abierto para promover "la máxima concurrencia y posibilitar que todos los interesados pudieran presentar su oferta, garantizando una competencia efectiva". Sin embargo, ello sólo se buscaba sobre el papel, pues la realidad muestra un proceso que si bien fue legal, ha estado rodeado de demasiadas sombras.
   El Ejecutivo de Cifuentes informó este martes de que habían sido tres las empresas concurrentes (pero sólo dio el nombre de la adjudicataria): Sasegur SL, en UTE con Grupo On Seguridad, la opción ganadora; Alerta y Control SA, que ha sido la firma la que ha estado prestando el servicio hasta ahora, y Marsegur SA. En concreto, Alerta y Control SA ha venido cubriendo la seguridad de las 71 sedes judicial de la Comunidad mediante un "encargo directo con gasto a convalidar". Es decir, el plazo de ejecución del contrato que consiguió en abril de 2013 por 15 millones de euros era de dos años y en base a una prórroga terminó el pasado 31 de diciembre de 2015. Según las fuentes consultadas, Alerta y Control SA no quiso firmar otra prórroga, pero se vio obligada a seguir prestando el servicio durante enero, febrero y los primeros días de marzo de este año, ya que el Gobierno regional podía actuar en su contra, acogiéndose a la ley de contratos. Las mismas fuentes redondean en 1,5 millones de euros el dinero que ha costado esta prolongación de más de dos meses.
Mientras Alerta y Control SA ha realizado una oferta a la baja de 1.000 euros, la UTE Sasegur-Grupo On Seguridad ha hecho lo propio pero cediendo hasta en 150.000 euros, lo que le ha valido para hacerse con el contrato, indican las fuentes citadas. Para el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, no se entiende que el Gobierno regional sólo emplee el criterio precio, cuando también debería haber tenido en cuenta, por ejemplo, la capacidad tecnológica de la empresa y sus recursos materiales. Además, critica que la Dirección general de Justicia y Seguridad pidiera a la contratista asumir una bolsa de horas extra al año, de su propio bolsillo, sin poderlo repercutir en la Administración autonómica. Según Veloso, con la calculadora en la mano y en base a lo presupuestado y las tareas exigidas, los números no salen. Este contrato es "inviable económicamente". Para llegar a esta conclusión, subraya, basta sumar los costes salariales de los trabajadores, el número de horas de servicios, los pluses por uso de armas, el mantenimiento de las armas, de los arcos de seguridad, de las alarmas, de las cámaras de vigilancia... 
   De este modo, Veloso destaca que el contrato debería tener un importe mayor. Sobre todo, explica, porque se ha previsto un incremento de plantilla en 30 agentes con respecto al contrato que había con Alerta y Control SA, pasando así de 270 a 300. "Han sacado un nuevo contrato que tiene exactamente el mismo precio de adjudicación que el anterior, pero -y aquí está la clave- el anterior tenía menos vigilantes y menos armas". Por tanto, Veloso denuncia que el Ejecutivo de Cifuentes "quiera ahora por el mismo precio más vigilantes, más armas y más horas". De los 4 agentes armados pasarán a ser 20, con el aumento de coste que ello conlleva. Según el portavoz de C's, la directora general de Justicia y Seguridad, María Cristina Díaz Márquez, no explicó los motivos de este incremento en su comparecencia del pasado 1 de marzo.
   Asimismo, Veloso lamenta que Díaz Márquez achaque a "dificultades técnicas y presupuestarias" el no haber podido buscar otra solución legal más allá de dicho "encargo directo" a Alerta y Control SA, prologando su prestación del servicio durante más de dos meses. El portavoz de C's recalca, además, que si Alerta y Control SA se negó a firmar otra prórroga, fue porque "estaba incurriendo en pérdidas, al estar el contrato tan ajustado".
El indultado Miguel Ángel Ramírez, omnipresente
   En relación a Marsegur SA, el Gobierno madrileño afirma que "la propuesta no fue admitida, ya que su oferta fue recibida fuera del plazo de diez días que establece la ley desde que la Administración recibe el anuncio de su participación en el proceso". Marsegur SA es una filial de Seguridad Integral Canarial (SIC), cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol UD Las Palmas e indultado por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón (la medida de gracia ha sido revocada por el TS) de una condena a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En 2004, este empresario canario realizó obras ilegales en su vivienda, ubicada un espacio protegido.
   En el supuesto de que Marsegur SA hubiese presentado la documentación en tiempo, no se habría alzado de ninguna manera con el contrato de las sedes judiciales al tener un historial -como el de Seguridad Integral Canaria SA- que se caracteriza por el descuelgue del convenio estatal de seguridad. Una maniobra premeditada para ajustar su presupuesto y presentar una oferta más ventajosa económicamente. De ello daba cuenta el propio consejero de Justicia en la Asamblea de Madrid el pasado 11 de febrero tras una interpelación del también diputado de Ciudadanos Francisco Lara: "Y aun en el hipotético caso de que la empresa de referencia (Marsegur) hubiera podido participar, le comunico también, para su tranquilidad, en relación a todos los trabajadores que tengan relación con la Comunidad de Madrid, que el pliego técnico del concurso, en su artículo 1, establece que, en la prestación de los servicios de vigilancia y protección por personas físicas y jurídicas, las empresas deberán ajustarse a determinada normativa, entre la que se encuentra el convenio colectivo del sector y demás disposiciones concordantes".
   El pasado enero, Podemos denunció en la Cámara madrileña que el Gobierno de Cifuentes había consentido que los trabajadores de seguridad privada de los centros de menores regionales vieran su sueldo reducido considerablemente. La formación morada señaló que se les había bajado el salario un 33%, cobrando 750 euros por 40 horas semanales. Además, indicó que estos vigilantes eran contratados por Marsegur SA que "aunque se presente como independiente, es una filial encubierta de Seguridad Integral Canaria", también muy cuestionada por los sindicatos por sus descuelgues salariales del convenio estatal.

FUENTE: vozpopuli.com

06 marzo, 2016

Altadis se planta y comienza a despedir según la reforma laboral

Altadis iniciará la próxima semana el procedimiento de despido colectivo en la fábrica de La Rioja

   La multinacional Altadis iniciará formalmente la próxima semana el procedimiento de despido colectivo de la fábrica que la compañía tiene en el polígono de 'El Sequero' en Agoncillo (La Rioja). En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa indica que "ante la falta de acuerdo en el seno de la cláusula de garantía", han tomado la decisión de "iniciar formalmente el procedimiento de despido colectivo a la actual normativa laboral".
   La compañía indica que tras el anuncio que hizo el 19 de enero sobre el Plan de Reestructuración, que entre otras cuestiones, conllevaba el cese de actividad de la fábrica de La Rioja - que afecta a 471 trabajadores-, y pese a "haber aceptado retrasar el citado cese hasta el 31 de diciembre", la negociación "ha permanecido estancada durante las últimas semanas".
   Han recordado que la propuesta de cierre de la planta riojana "ha sido discutida también en el Comité de Empresa Europeo" el pasado martes, de una manera "abierta y constructiva", si bien "los representantes de ambas partes fueron claros en su posición, constatándose que no había acuerdo sobre la decisión de cierre".

   En este momento, prosigue el comunicado, "aunque la posición de la empresa no se va a ver modificada en base a argumentos expuestos en el Comité Europeo, se revisará cuidadosamente el informe técnico elaborado por el experto proporcionado por la representación laboral y dispondremos entonces de una visión más completa acerca de la postura del Comité Europeo y sus argumentos".
   Además, se indica que "coincidiendo con el fin del periodo de consultas en el Comité Europeo, la empresa comunicará la próxima semana en la mesa de negociación el inicio del procedimiento de despido colectivo establecido en la legislación actual".
   En este sentido, la compañía tabaquera "considerará finalizado en ese momento el plazo para aplicar la cláusula de garantía del Expediente de Regulación de Empleo aprobado en el año 2019 y las condiciones acordadas en el mismo, por lo que ambas partes dispondrán de un plazo legalmente establecido para negociar un nuevo ERE".
   "En caso de no alcanzarse un acuerdo, la empresa - ha apuntado- comunicará a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo".
   Finalmente, la multinacional ha manifestado su "preocupación", por que "en el caso de que la situación no se reconduzca antes del inicio del procedimiento de despido colectivo, se habrá perdido la oportunidad de aplicar directamente las ventajosas condiciones recogidas en el ERE 2009, que es uno de los mejores planes sociales acordados en empresas españolas, y también dentro del Grupo Imperial Tobacco".

FUENTE: EUROPAPRESS

04 marzo, 2016

Concentración vigilantes de Marsegur - 3 de marzo de 2016

Ayer día 3 de marzo se celebró una concentración/manifestación de vigilantes de seguridad de la empresa MARSEGUR, frente a la Asamblea de Madrid.

Se celebró para manifestar que se está en contra de la contratación, por parte de la Comunidad de Madrid, de empresas de seguridad que no se acogen al Convenio Colectivo Estatal. Pedimos la rescisión de su contrato YA!


El Sindicato Nacional de Trabajadores estuvo allí. El Secretario General y el de Organización entraron en la Asamblea para pedir audiencia a la presidencia. Finalmente nos invitaronn al próximo pleno, donde se votará las propuestas realizadas por SNT al grupo de PODEMOS.  

Gracias a todos los que acudisteis a apoyar a estos trabajadores y gracias a este grupo político que se acerca a los problemas laborales de los vigilantes de seguridad.