- Los trabajadores se han concentrado esta semana en el Palacio Fuensalida y las Cortes regionales tras la adjudicación del servicio a la empresa Sinergias Seguridad
- Denuncian salarios un 40% más bajos y que "la Consejería de Hacienda ha incumplido su compromiso y nos ha puesto a los pies de los caballos"
- El consejero ha anunciado que desde el primer minuto que sean conscientes de que la empresa adjudicataria no cumple con el convenio sectorial, "instaremos a la resolución del contrato"
Los vigilantes de seguridad de la Junta finalmente se
han movilizado esta semana después de que la vicesecretaria y portavoz
del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre dejara claro en el mes
de febrero que el Gobierno regional no permitiría que hubiera “convenios a la baja”. Una promesa que, según los trabajadores, no se ha cumplido.
En ese mismo mes fue cuando se convocaron las primeras concentraciones que se suspendieron a la espera de la elaboración, por
parte de sindicatos y Gobierno regional, un texto conjunto que
intentase satisfacer las garantías que persiguen los trabajadores y
salvar el pliego de condicione de trabajo.
Según los sindicatos CCOO, UGT y USO, la Consejería de
Hacienda, "amenazada con acciones judiciales por la empresa",
definitivamente no ha incluido en el contrato la cláusula acordada hace
dos meses con los representantes de los trabajadores para garantizar
“que las retribuciones y condiciones laborales que se aplicarán al
personal adscrito a la ejecución del contrato", que se iniciará el 1 de
mayo, se harán conforme al convenio colectivo estatal de empresas de
seguridad.
Salarios un 40% más bajos
La
empresa a la que finalmente se le ha entregado la contrata es la misma
que los trabajadores temían hace unos meses. Sinergias Seguridad, según
los sindicatos, aprovechó la Reforma Laboral del PP para descolgarse del
convenio colectivo estatal. De esta manera, la empresa tiene un
convenio colectivo propio y muy por debajo del nacional del sector, lo
que tiene como consecuencia unos salarios un 40% más bajos que las demás
empresas del sector, una jornada mensual de 183 horas en lugar de las
162 horas que tienen las empresas de la competencia que sí aplican dicho
convenio. Y estas bajas condiciones son las que tienen alarmados a los
130 trabajadores de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
Desde CCOO, UGT y USO señalan que si aplican el convenio
de Sinergias, "trabajaremos más horas y pasaremos de cobrar 15.000
euros anuales a 9.000 euros”, es decir, pasarían de un salario de 1.200
euros a 700 euros al mes. “Y nada nos garantiza que no vaya a ser así",
subrayan. Así, los trabajadores se muestran “preocupados” porque "todos
tenemos hijos y que me digan si alguien con 700 euros al mes puede
vivir". Además, aseguran haberse sentido engañados por la Junta después
de varios meses de negociación y de que Sinergias se comprometiera a
aplicarlos el convenio estatal. De esta manera según los sindicatos “la
Junta nos deja en la estacada porque está amenazada por la empresa con
denunciarles por prevaricación si les obligan a garantizarnos nuestros
salarios, nuestras jornadas y todos los puestos de trabajo".
Valoración de la Junta
Desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
Castilla-La Mancha, responsable del servicio de vigilantes señalan que
la administración ha actuado con sujeción estricta a la legalidad
en materia de contratación. El consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha
expresado que confía en que la empresa adjudicataria aplicaque el
convenio sectorial de seguridad ya que "el concurso se sacó a licitación
por el importe para que a los trabajadores les fueran abonadas las
retribuciones que están contempladas en el convenio sectorial".
De este modo, Ruiz Molina ha recalcado "con toda rotundidad" que si la
empresa adjudicataria no cumple "desde el primer minuto" o que los
trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o condiciones
laborales, "instaremos a la resolución del contrato", afirma el
consejero.
En este sentido, añade, que para ello
tienen que producirse dos hechos: que entre en vigor el contrato que
será el 1 de mayo y constatar que verdaderamente no cumple con el
convenio sectorial. Y por último ha querido recordar que la posibilidad
de que las empresa aplique su convenio y no el sectorial "es
consecuencia de la Reforma Laboral del PP".
Ruiz
Molina sostiene que el conflicto "no es con la Administración regional y
esperemos que no se produzca entre los trabajadores y la empresa
adjudicataria". Algo que los trabajadores no comparten por que esta
semana se han concentrado a las puertas del Palacio de Fuensalida y de
las Cortes regionales para denunciar que "la Consejería de Hacienda ha
incumplido su compromiso y nos ha puesto a los pies de los caballos".
FUENTE: ELDIARIO.ES
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